De la transferencia tecnológica a la empleabilidad: una nueva oportunidad para las instituciones de educación superior

Desde que comencé a trabajar en educación superior, hace más de 20 años, hay una pregunta que ha permanecido presente en buena parte de mi trayectoria: ¿cómo conectamos de manera efectiva el quehacer académico con el desarrollo social y productivo?

No es una pregunta nueva y, de hecho, las instituciones han avanzado durante décadas en investigación, vinculación con el medio, innovación, emprendimiento y relación con el sector productivo. Sin embargo, aún es difícil soslayar la distancia que persiste entre el conocimiento que se produce dentro de las instituciones de educación superior y su capacidad para transformarse en soluciones, empresas, innovación y oportunidades concretas fuera de ellas.

La reciente promulgación de la Ley 21.838, que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento, abre una nueva etapa para abordar esta conversación. La ley establece un marco para que la cadena que vincula investigación, ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento cuente con capacidades para transferir tecnología y conocimiento hacia la sociedad y la industria. Entre otras materias, promueve que las instituciones de educación superior fortalezcan sus estructuras de investigación y transferencia, articulen su actividad con las necesidades sociales y productivas y desarrollen iniciativas de transferencia e intercambio de conocimiento.

Hay una dimensión de esta nueva regulación que me parece especialmente interesante: ¿qué puede significar la transferencia tecnológica para la trayectoria profesional de nuestros estudiantes?

Una ley que obliga a mirar con ojos experimentales la estrategia de las instituciones de educación superior

La Ley 21.838 no se limita a regular procedimientos de transferencia y, por tanto, más que nunca, la visión estratégica de las instituciones debe estar inspirada y enfocada por un mayor grado de apertura. Del mismo modo, la ley plantea una oportunidad para que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica revisen cómo entienden algunas de sus funciones fundamentales: investigación, innovación, vinculación con el medio, pertinencia, emprendimiento y ciencia abierta.

Esto cambia la pregunta. Durante mucho tiempo, la discusión sobre transferencia tecnológica estuvo concentrada en asuntos como patentes, licenciamiento, propiedad intelectual, oficinas de transferencia, proyectos de I+D y vinculación universidad-empresa.

Ahora podemos agregar una pregunta estratégica: ¿cómo podemos convertir ese conocimiento en nuevas oportunidades de aprendizaje, emprendimiento y empleabilidad para nuestros estudiantes y titulados?

El problema no es solamente transferir tecnología

Chile ha construido un sistema de educación superior mucho más grande, diverso y complejo que el que conocimos hace algunas décadas. En 2025 se registraron más de 300 mil titulaciones de pregrado, posgrado y postítulo, la cifra más alta desde que existen registros del SIES y un 8% superior a la del año anterior. Al mismo tiempo, el 55% de quienes ingresan al sistema no se titula oportunamente, considerando un margen de tres años.

La conversación, por lo tanto, ya no puede limitarse a cuántas personas ingresan a la educación superior, sino que entramos en una siguiente fase de desarrollo, donde es necesario preguntarnos qué ocurre después de que los estudiantes cursan alguno de los programas de su elección.

La pregunta por ¿cuáles son las oportunidades que encuentran en el mercado laboral? adquiere particular relevancia en un contexto de transformación tecnológica acelerada, donde la empleabilidad ya no puede entenderse únicamente como la capacidad de encontrar un puesto de trabajo después de obtener un título. Esto implica la capacidad de participar en proyectos, resolver problemas, crear soluciones, emprender, innovar y moverse entre diferentes espacios profesionales.

Una universidad que desarrolla investigación aplicada puede generar publicaciones, pero esto no es suficiente. Se requiere avanzar hacia la conexión con un ecosistema de ciencia aplicada e innovación, capaz de promover el desarrollo de prototipos, propiedad intelectual, licenciamientos y empresas (startups y spin-offs). Este nuevo modelo debe traducirse en el motor de nuevos mercados, que sean fuente de experiencias formativas, conectadas con el desarrollo profesional temprano de sus estudiantes.

El MIT, por ejemplo, institución que tiene una larga trayectoria en transferencia tecnológica, convive con un ecosistema de emprendimiento que integra estudiantes, académicos, investigadores, mentores, financiamiento e industria. Durante 2025 se formaron 38 startups utilizando tecnología generada desde el instituto.

Stanford, por su parte, ha desarrollado programas que buscan llevar tecnologías surgidas de la investigación hacia la comercialización, involucrando a estudiantes, académicos, mentores y emprendedores en procesos de validación de mercado y creación de nuevas empresas.

Y la Universidad de São Paulo, para tener en cuenta un caso latinoamericano, mediante su Agencia USP de Innovación articula propiedad intelectual, transferencia tecnológica, alianzas con empresas y gobierno, emprendimiento, incubadoras y parques tecnológicos. La propia universidad mantiene, además, una plataforma que identifica empresas creadas por estudiantes, exalumnos e investigadores vinculados con la USP.

En Chile, instituciones como la PUC, UdeChile, UdeC, UTFSM y USACH han realizado avances relevantes al comprender que la investigación no termina necesariamente cuando se publica un paper.

Hoy, con la promulgación de la Ley 21.838, aparece uno de los desafíos más interesantes para las instituciones de educación superior:

• ¿Qué pasaría si una universidad pudiera identificar cuántos estudiantes participan en proyectos de transferencia tecnológica?
• ¿Cuántos realizan prácticas o proyectos de título asociados a tecnologías en proceso de comercialización?
• ¿Cuántos participan en startups universitarias?
• ¿Cuántos desarrollan competencias emprendedoras a partir de proyectos reales?
• ¿Cuántos titulados encuentran sus primeras oportunidades laborales en empresas surgidas de investigación universitaria?
• ¿Cuántos proyectos de investigación terminan generando nuevas empresas, nuevos empleos o nuevos mercados?

Estas preguntas cambian la manera en que entendemos la gestión universitaria.

El estudiante vuelve a estar en el centro

Poner al estudiante en el centro significa preguntarnos también cómo ese conocimiento se transforma en trayectoria. En un mundo donde la tecnología modifica rápidamente las ocupaciones, no basta con formar para el primer empleo, sino que necesitamos formar para aprender, adaptarse, crear valor y participar en procesos de transformación.

La propia política pública está avanzando en esta dirección. El Ministerio de Educación ha señalado recientemente la necesidad de fortalecer la articulación entre educación y sector productivo para mejorar la pertinencia formativa y la empleabilidad de los egresados.

La Ley 21.838 agrega una pieza que puede ser particularmente relevante: la capacidad de transformar conocimiento científico y tecnológico en actividad económica y social.

La Ley 21.838 entra en vigencia el 1 de marzo de 2027. Por tanto, las instituciones y el ecosistema tienen un período relevante para prepararse, no solamente para cumplir una nueva regulación, sino para hacerse algunas de las preguntas que aquí hemos esbozado y preparar estrategias para su implementación en todos los ámbitos del quehacer, así como para crear puentes entre investigación, productividad, territorios y estudiantes que buscan construir su futuro.

Convertir la transferencia tecnológica en empleabilidad medible para los estudiantes puede ser una de las conversaciones estratégicas que esta nueva etapa exige abrir.